La Sociedad Rural de Santa Fe pidió investigar a VISEC por posibles restricciones a la comercialización agropecuaria
La entidad presentó una denuncia ante Defensa de la Competencia para que se analice el funcionamiento de las plataformas VISEC Carne y VISEC Soja. Advirtió sobre posibles diferencias en las condiciones comerciales, el manejo de información de los productores y eventuales prácticas que podrían afectar la libre competencia.
La Sociedad Rural de Santa Fe formalizó una presentación ante la autoridad nacional de Defensa de la Competencia con el objetivo de que se investiguen posibles irregularidades vinculadas al funcionamiento de las plataformas VISEC Carne y VISEC Soja.
La denuncia, identificada con el expediente EX-2026-111208076-APN-DR#CNDC, fue impulsada por el presidente de la institución, Ricardo Argenti, y su secretario, Juan Carlos Pujato, con el asesoramiento legal de Esteban Romero y Marcelo Parachú Marcó.
El planteo apunta a determinar si la utilización de estas herramientas privadas está generando condiciones que puedan limitar las posibilidades de comercialización de los productores agropecuarios.
Cuestionamientos a las condiciones comerciales
Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con las diferencias que algunos productores habrían experimentado al momento de negociar sus operaciones.
Según los antecedentes reunidos por la entidad ruralista, existirían situaciones en las que establecimientos no incorporados a VISEC recibieron propuestas económicas menos favorables o descuentos vinculados con su falta de adhesión al sistema.
La institución considera que estas prácticas deberían ser examinadas para establecer si representan restricciones injustificadas al acceso al mercado.
El abogado Esteban Romero explicó, en declaraciones a El Campo Hoy, que la presentación pretende determinar si el funcionamiento de estas plataformas podría derivar en conductas contrarias a las normas de defensa de la competencia.
Desde la entidad remarcan que la participación en un sistema privado de trazabilidad no debería convertirse en una condición obligatoria para vender hacienda o granos, especialmente cuando las operaciones tienen como destino el mercado argentino.
El manejo de los datos también genera interrogantes
Otro aspecto relevante de la denuncia está vinculado con la información de los establecimientos agropecuarios y las condiciones bajo las cuales las plataformas acceden a ella.
La Sociedad Rural de Santa Fe manifestó su preocupación a partir de consultas de productores que habrían detectado accesos a información de sus explotaciones sin tener claridad sobre las autorizaciones correspondientes.
En este sentido, solicitó que se investigue el origen de los datos, los mecanismos de consentimiento, las personas o entidades habilitadas para consultarlos y su eventual utilización en decisiones comerciales.
También puso bajo análisis la relación entre las plataformas privadas y las bases de información de organismos públicos como SENASA y ARCA.
El objetivo es establecer si el tratamiento de esos datos cumple con las disposiciones legales vigentes y si su disponibilidad podría generar ventajas competitivas para determinados actores del mercado.
Las exigencias europeas, en el centro del debate
La controversia se produce en un escenario marcado por las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, particularmente aquellas relacionadas con la trazabilidad de productos agropecuarios y la verificación de que su producción no esté asociada a procesos de deforestación.
Estas disposiciones representan un desafío para las cadenas de comercialización de carne y soja que buscan mantener su presencia en el mercado europeo.
Sin embargo, desde la Sociedad Rural de Santa Fe advierten que cumplir con los requisitos internacionales no implica necesariamente que deba utilizarse una plataforma privada específica.
La entidad plantea que las herramientas oficiales de control y registración existentes en Argentina también deben ser consideradas dentro de los mecanismos que permiten acreditar el origen y las condiciones de producción.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la posibilidad de que requisitos vinculados con exportaciones hacia Europa terminen aplicándose a transacciones destinadas exclusivamente al mercado interno.
Para la institución, esa situación podría introducir exigencias adicionales que condicionen innecesariamente las operaciones comerciales de productores que no participan del circuito exportador europeo.
Qué deberá determinar Defensa de la Competencia
A partir de esta presentación, la autoridad competente deberá evaluar los elementos aportados y establecer si corresponde iniciar una investigación administrativa.
En caso de avanzar, podrá solicitar documentación, reunir pruebas y analizar las condiciones bajo las cuales operan las plataformas cuestionadas.
También deberá determinar si existen prácticas que puedan configurar un abuso de posición dominante o afectar el normal funcionamiento de la competencia.
La legislación contempla la posibilidad de adoptar medidas preventivas cuando se identifican situaciones capaces de provocar distorsiones relevantes en el mercado.
De todos modos, la presentación de la denuncia no significa que se hayan comprobado infracciones ni que exista una responsabilidad determinada por parte de VISEC. Se trata de una instancia inicial destinada a solicitar la intervención de las autoridades.
Trazabilidad y libertad comercial: un debate que gana importancia
La discusión pone sobre la mesa uno de los desafíos que enfrenta actualmente el sector agropecuario argentino: avanzar en sistemas de trazabilidad y certificación que permitan acceder a mercados internacionales sin generar nuevas barreras comerciales para los productores.
Desde la Sociedad Rural de Santa Fe sostienen que los objetivos de sustentabilidad, transparencia y protección ambiental son compatibles con la necesidad de preservar condiciones de competencia y libertad de comercialización.
El desarrollo de esta presentación será seguido con atención por distintos actores de las cadenas ganadera y agrícola, debido a las posibles implicancias que podría tener sobre el uso de plataformas de trazabilidad y los requisitos exigidos para operar en el mercado.

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